El viajar es un… ¿placer?

abril 11, 2010 Los comentarios están cerrados

Como dice la canción “el viajar es un placer”, pero en ciertas ocasiones puede convertirse en un martirio.
Cuando una persona adquiere un pasaje y sube a un colectivo para realizar un viaje, la empresa asume la obligación de transportar sano y salvo a su pasajero, desde el inicio del trayecto hasta que éste llegue a su destino. Es decir, que sobre el transportista pesa, definitivamente, una obligación de resultado, a la que se adiciona un deber de seguridad.
Así como la empresa tiene la obligación anteriormente mencionada, el pasajero no debe ejecutar acciones que pongan en riesgo su integridad física, como por ejemplo asomándose o sacando las manos por la ventanilla.
La normativa de fondo aplicable, establece una responsabilidad objetiva, en tanto se presume la culpa del transportador, en caso de que se produzca un accidente.
La empresa de transporte, para eximirse debe probar que se ha producido la ruptura del nexo causal, ya sea porque el accidente se produjo por culpa de la víctima, de un tercero (por el cual no debe responder), o en caso de hecho fortuito o fuerza mayor.
Es así como la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha dicho que en el caso del pasajero de un colectivo que sufre lesiones, juega el Art. N° 184 del Código de Comercio, de manera que queda a cargo del portador probar fehacientemente alguna de las causas de liberación de responsabilidad que se mencionan en dicha disposición. La prueba en tal sentido debe ser terminante y tendiente a demostrar que el conductor del vehículo de transporte público no tuvo ninguna parte de culpa en el accidente.
También se puede dar el caso de que la conducta de la víctima interrumpa parcialmente el nexo causal entre el hecho y el daño, limitando de tal manera la consumación total de la responsabilidad objetiva de la empresa de colectivos, produciéndose así lo que se designa como “culpa concurrente”.
Por otro lado, debemos tener en cuenta que quien conduce un vehículo afectado al transporte público y es un conductor profesional, asume con mayor rigurosidad el deber de conservar en todo tiempo el dominio del automotor.
Es primordial resaltar que el contrato de transporte no es solemne, por lo que si una persona viaja en el colectivo, debe presumirse que abonó el pasaje, de ésta manera, la falta de exhibición del boleto no exime de responsabilidad por los daños causados al pasajero.
En definitiva, y como ha dicho la jurisprudencia, la norma del Art. N° 184 del Código de Comercio atiende al “favor debilis”, justificándose este tratamiento tuitivo en la operatividad del orden público económico de “protección”, tendientes a resguardar a una de las partes y, particularmente, el equilibrio interno del contrato; es en virtud de ello que existe una obligación tácita de seguridad en el contrato de transporte de llevar a destino sano y salvo al transportado, por lo que el transportista solo podrá exonerarse de su responsabilidad alegando y probando la ruptura de la relación causal que articula al hecho con el daño provocado.-

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¿Qué hacemos con el Spam?

abril 11, 2010 Los comentarios están cerrados

El Spam o “correo basura” es la práctica indiscriminada de enviar correos electrónicos no solicitados. El contenido de los mismos, generalmente es de naturaleza publicitaria, intentando despertar el interés económico de los destinatarios sobre productos, servicios, cursos, que son promocionados en el mensaje.
El spam produce efectos negativos, como el congestionamiento en la descarga de emails, aumento de costos, pérdida de capacidad de almacenamiento de los servers y en las PC’s hogareñas, entre otros trastornos.
En un principio, los spammers excusaban su accionar, colocando una leyenda al final del mensaje, cuyo texto rezaba: “Bajo el Decreto S.1618 TITULO III aprobado por el 105 Congreso base de las normativas internacionales sobre SPAM, esta carta no puede ser considerada SPAM mientras incluya una forma de ser removido. Si desea ser quitado de nuestra base de datos, por favor responda este e-mail con asunto “remover” y será removido de la lista. Muchas Gracias”.
Lo cierto es que ese decreto NUNCA fue aprobado, y como si esto fuera poco, el mismo se trata de un proyecto de enmienda para el Acta de Telecomunicaciones de los Estados Unidos, por lo que es una normativa que no tiene aplicación en nuestro país.
Hoy los spammers intentan evadir su responsabilidad utilizando la “Ley de servicios de internet”, la cual establece que “la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión”. Obviamente que éste intento de justificación tampoco logra su objetivo.
Si bien en Argentina no existe una ley específica contra el spam, si podemos aplicar normativa que toca al tema en forma indirecta, ya sea la Ley de Defensa del Consumidor, el Código Civil y principalmente la Ley de Protección de Datos Personales.
Ésta última legislación establece (a contrario sensu) que una base de datos es legal cuando cuenta con el consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias, del sujeto incluido en ella.
Entre las excepciones al párrafo anterior se da el caso de cuando los datos se obtienen de fuentes de acceso público irrestricto.
Aquí surgen un par de incertidumbres… ¿qué pasa con las direcciones de email que son obtenidas en blogs, avisos publicitarios, u otras fuentes de acceso públicas? ¿Y cómo hago para ser eliminado de la base de datos del spammer?
Como respuesta a éstas dudas aparece el Hábeas Data, a modo garantía de ser eliminado de la base de datos de emails que posean los spammers. El titular de los datos puede ejercer su derecho de acceso a dicha base y solicitar el retiro o bloqueo de su nombre, sin cargo alguno, y bajo expreso apercibimiento de accionar por los daños y perjuicios que le haya ocasionado el spammer.
Si bien no hay mucha jurisprudencia sobre éste tema, el primer fallo judicial contra el spam data del año 2003, cuando el Juzgado Civil y Comercial Federal N°3 de Capital Federal dictó una medida cautelar disponiendo que los spammers demandados se abstuvieran que enviar correos electrónicos a los actores mientras durara el litigio.

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Atribución de la responsabilidad en los daños causados por animales

abril 11, 2010 Los comentarios están cerrados

Todos sabemos que los animales pueden provocar daños. Pero, como ellos no son responsables por sí mismos, cabe preguntarnos sobre quién recae dicha responsabilidad jurídica en caso de que un animal provoque un perjuicio. Para determinar esto debemos tener en cuenta las siguientes clasificaciones:
Los animales sin dueños (res nullius), abandonados y la fauna salvaje, se encuentran fuera de las normas de responsabilidad civil del código, ya que para que funcione dicho régimen legal los animales deben pertenecer a alguien o estar bajo su guardia o vigilancia.
Luego nos encontramos con el caso de los animales domésticos, que son aquellos criados en una casa y que se adaptan a la vida con el hombre. Sobre estos se ejerce un gran control y, se supone, son confiables. Generalmente son utilizados en tareas productivas, para seguridad o como compañía, como es el caso de un perro de raza pequeña o un gato.
Por otro lado están los animales domesticados, siendo estos los que por naturaleza viven en estado salvaje pero que fueron adaptados a la vida del hombre. Es decir, fueron animales salvajes apropiados y sometidos a cautiverio. Es el típico caso de las palomas y las abejas.
Y la última clasificación es a la cual pertenecen los animales feroces, que son aquellos que por su propia naturaleza representan un real peligro para el hombre. Vg.: felinos salvajes como tigres, leones, pumas.
Es importante destacar que algunos animales domésticos pueden, a su vez, ser considerados feroces, como el caso de los perros de la raza rottweiler.
Con respecto a los sujetos pasivos responsables por la conducta de los animales, debemos diferenciar entre el propietario del animal, el guardián y el tercero que lo incita.
En principio, el propietario de un animal, doméstico o feroz, es responsable del daño que causare. Dicha responsabilidad tiene lugar aunque el animal, en el momento que ha causado el daño, hubiere estado bajo la guarda de los dependientes de aquél, y a pesar de que el daño que hubiese causado el semoviente no estuviese en los hábitos generales de su especie.
Solamente actúan como eximente de responsabilidad del dueño los casos en que el animal se hubiese soltado o extraviado sin culpa de la persona encargada de guardarlo, por fuerza mayor o culpa imputable al que hubiese sufrido el daño.
Estás excepciones a la responsabilidad del propietario del animal no funcionan si el daño fue causado por un animal feroz, del cual no se reporta utilidad para la guarda o servicio de un predio.
El otro sujeto responsable del animal, es el guardián, es decir aquella persona que tiene un poder de control o dirección sobre el animal ó que se sirve del mismo. El Código Civil establece que igual responsabilidad a la del dueño, pesa sobre la persona a la cual se hubiere mandado el animal para servirse de él, salvo su recurso contra el propietario.
Como exclusión a la responsabilidad del propietario y del guardián nos encontramos con el caso de la incitación del animal por un tercero, siendo éste último el responsable por los daños que cause el semoviente. Para que el tercero responda por los daños debe haber mediado un acto de excitación al animal, imputable a esa tercera persona. Dichos actos no deben ser comunes o corrientes, debiendo constituir la acción del tercero un hecho imprevisible e inevitable para el dueño o guardián.
En lo que respecta a los daños causados entre animales, la normativa en cuestión establece que el daño causado por un animal a otro, será indemnizado por el dueño del animal ofensor si éste provocó al animal ofendido, pero si el animal ofendido provocó al ofensor, el dueño de aquél no tendrá derecho a indemnización alguna.
Para finalizar, y a diferencia de lo que sucedía en el derecho romano, el hecho de que el propietario ofrezca abandonar al animal que provocó el daño, de ningún modo funciona como causal de eximición de su responsabilidad.

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La prioridad de paso de los vehículos de emergencias

abril 11, 2010 Los comentarios están cerrados

Desde el punto de vista legal, la prioridad de paso es el derecho de preferencia que le asiste a un usuario sobre otro en intersecciones, carriles, y en general en la vía pública.
La normativa de tránsito establece que todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta. Pero como todo en derecho, esa absolutez tiene sus excepciones.
De ésta manera el Art. N° 41 de la Ley Nacional de Tránsito, en su inciso c, establece una de esas excepciones: el caso de los vehículos del servicio público de urgencia, en cumplimiento de su misión.
Dentro de la categoría de “vehículos de emergencia”, encontramos a los pertenecientes a la Policía, el Cuerpo de Bomberos y las ambulancias, de establecimientos públicos o privados, que cuenten con permiso de la autoridad competente. Estos vehículos deben tener habilitación técnica especial y no exceder los 15 años de antigüedad.
Los vehículos de los servicios de emergencia pueden, excepcionalmente y en cumplimiento estricto de su misión específica, no respetar las normas referentes a la circulación, velocidad y estacionamiento, si ello les fuera absolutamente imprescindible en la ocasión que se trate, siempre y cuando no ocasionen un mal mayor que aquel que intenten resolver.
Sólo en tal circunstancia deben circular, para advertir su presencia, con sus balizas distintivas de emergencia en funcionamiento y agregando el sonido de una sirena si su cometido requiriera extraordinaria urgencia. La sirena debe usarse simultáneamente con las balizas distintivas, con la máxima moderación posible.
Los demás usuarios de la vía pública tienen la obligación de tomar todas las medidas necesarias a su alcance para facilitar el avance de esos vehículos en tales circunstancias, y no pueden seguirlos.
Ante éste privilegio de paso urgente, todos los vehículos tienen el deber de apartarse del camino, cediéndolo, aún teniendo éstos últimos la prioridad que les otorga la luz verde de los semáforos.
Esta facultad de la que gozan los vehículos de emergencia, no implica que tengan vía libre para hacer lo que quieran, ya que dicha potestad no los exime de las responsabilidades civiles y penales de los accidentes que puedan causar si utilizan en forma abusiva ese derecho.
La jurisprudencia de la Provincia de Buenos Aires ha dicho que “conforme los dispositivos legales que reglamentan el tránsito de vehículos en la vía pública, resulta la prioridad en el cruce de las bocacalles de que gozan las ambulancias, los vehículos policiales y de bomberos, y la tolerancia y hasta autorización de infringir las reglas de tránsito cuando la naturaleza y urgencia del servicio lo imponen. Es cierto que los demás deben facilitar tal servicio, y tal excepcional preferencia sólo rige cuando aquellos cumplen su misión específica, esto es, cuando se hallan afectadas a un servicio de urgencia y lo hagan anunciando su paso con los sistemas de luces y sirena correspondientes”.
Obiter dictum, tenemos que tener en cuenta el caso de los vehículos particulares que llevan atado en su antena o en algún otro lugar visible un pañuelo blanco, señalando que transportan a una persona en situación de emergencia (herida, extremadamente enferma). Si bien no cuentan con todos las privilegios anteriormente mencionados, si gozan de la prioridad de paso. De todos modos, en caso de que, en medio de la emergencia, cometa una infracción, la misma debe ser atenuada, teniendo en cuenta el juzgador la naturaleza de los hechos que llevo a que se produjera la trasgresión. Pero si el infractor ha cometido la falta fingiendo la prestación de un servicio de emergencia, la sanción a imponerse se agrava, pudiendo aumentarse hasta llegar al triple de la misma.

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Implicancias de la nueva legislación sobre la mayoría de edad

abril 11, 2010 Los comentarios están cerrados

A fines del año 2009, el Congreso de la Nación, por medio de la Ley N° 26.579 (Decreto 2113/2009), reformó varios artículos del Código Civil, a fin de establecer la nueva mayoría de edad en dieciocho años, para de ésta manera, adaptar la normativa nacional a la “Convención Internacional de los Derechos del Niño”.
La nueva norma, modificó diez artículos del Código Civil sobre menores y patria potestad y derogó tres artículos del Código Comercial, que se referían al ejercicio del comercio por menores de dieciocho años emancipados o con autorización legal.
El reformado Art. N° 126 del Código Civil, establece ahora, que son menores de edad, las personas que no hubieren cumplido aún los dieciocho años.
De ésta manera, quienes alcancen ésta edad, pueden ejercer el comercio, comprar propiedades, contraer matrimonio, viajar sin contar con autorización de sus padres, y ejercer en general, todos los actos de la vida civil.
A través de esta modificación del código de fondo, Argentina adapta su legislación interna al derecho internacional, ya que la “Convención Internacional de los Derechos del Niño”, deja en claro que se entiende por tal, “a todo ser humano menor de dieciocho años”.
Conjuntamente, fue modificado el Art. N° 265 del cuerpo normativo, el cual establece que “la obligación de los padres de prestar alimentos a sus hijos, se extiende hasta la edad de veintiún años, salvo que el hijo mayor de edad o el padre, en su caso, acrediten que cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo”. Es decir, que a pesar de que se redujo la edad de veintiún a dieciocho años para alcanzar la plena capacidad civil, los padres, tienen la obligación de prestar alimentos a sus hijos hasta que estos cumplan la edad de veintiún años.
Por último, debemos tener en cuenta, que cuando la norma se refiere a “alimentos”, lo hace en un sentido amplio. Dentro de éste concepto, no sólo debemos incluir las necesidades alimenticias, sino también la vestimenta, esparcimiento, educación, salud, actividades culturales y todo lo que el sujeto necesite para llevar a cabo una adecuada calidad de vida.

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El Estatuto del Consumidor como norma de orden público

febrero 15, 2010 Los comentarios están cerrados

El “Estatuto del Consumidor”, está integrado por un conjunto de normas protectorias, que conforman el sistema legal de tutela de los consumidores y usuarios en nuestro país.
Dentro de él, encontramos leyes de los distintos niveles de gobierno: Nacionales, como la Ley de Defensa del Consumidor (Ley N° 24.240); Provinciales, tales como el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios (Ley N° 13.133); y normativa municipal, como las ordenanzas del HCD en ésta materia.
Es importante destacar el Art. 3° de la Ley N° 24.240 (modif. Ley N° 26.361), que es el sustento del estatuto, el cual indica que “las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular, la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia y la Ley Nº 22.802 de Lealtad Comercial o las que en el futuro las reemplacen”.
El derecho del consumidor, al igual que el laboral, es de naturaleza tuitiva, protectoria, y por cuestiones de política legislativa, se lo ha dotado de una jerarquía tal, que impide que sus cánones puedan ser dejados de lado por la autonomía de la voluntad de los particulares; como si ocurre en principio, en materia de contratos civiles.
El Código Civil, en su Art. N° 21, señala que “las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público y las buenas costumbres”.
Si bien la doctrina considera al “Orden Público” como un concepto muy difícil de precisar, básicamente podemos definirlo como “el conjunto de principios de orden superior, ya sean económicos, morales, políticos, etc., que están estrechamente vinculados con la existencia y conservación de la sociedad, y que de ningún modo pueden ser dejados de lado por la voluntad de los particulares”.
EL Art. N° 65 de la LDC reza textualmente: “La presente ley es de orden público, rige en todo el territorio nacional…”. Éste artículo, es la base del orden público de la Ley de Defensa del Consumidor.
Fundamentalmente, el fin del orden público, es poner un límite a los negocios jurídicos que nieguen derechos reconocidos o sean contrarios a las normas protectorias.
El orden público actúa de dos maneras divergentes. Por un lado, como un medio de protección respecto del consumidor, la parte más vulnerable en la relación de consumo; y por otro lado, como medio de coordinación, al intervenir el Estado a fin de resguardar los derechos del consumidor ante eventuales conductas ilegales de los proveedores de bienes o servicios.
En definitiva, el “Estatuto del Consumidor”, está conformado por un conjunto normativo positivo de orden público, absolutamente obligatorio, cuya esencia es la protección de los consumidores y usuarios en la relación de consumo.

Las enfermedades inculpables en el derecho laboral

febrero 15, 2010 Los comentarios están cerrados

Las enfermedades o accidentes inculpables, son contingencias sufridas por el trabajador que no fueron originadas por causas o motivos del trabajo. Ejemplo de ellas, son los accidentes derivados de la práctica de un deporte en las horas de esparcimiento.
La afección en cuestión, impide al trabajador cumplir con sus tareas, y su origen no tiene relación con el trabajo en el que se desempeña, sino que se vincula con el riesgo genérico de la vida.
En caso de que el dependiente se haya enfermado o accidentado por hechos no imputables al trabajo, tiene el deber de informar dicha circunstancia a la empresa por medios fehacientes, tales como el telegrama colacionado o la carta documento. Como contrapartida, el empleador tiene el derecho a enviar un médico al domicilio del trabajador, a fin de corroborar su estado. En caso de no utilizar ésta facultad, se sobreentiende que el empleador, ha consentido la veracidad de la comunicación cursada por su dependiente.
El trabajador, tiene derecho a no concurrir al trabajo hasta no tener el alta médica, y a seguir percibiendo su remuneración habitual. La Ley de Contrato de Trabajo, establece los plazos durante los cuales, el empleado gozará de los derechos anteriormente mencionados.
En caso de un trabajador con una antigüedad de hasta cinco años, le corresponderán tres meses de licencia, y para aquellos que tengan cargas de familia, la misma se extenderá hasta seis meses.
Para los trabajadores con cinco o más años de antigüedad, el período de licencia paga será de seis meses, o doce meses para quienes tengan cargas de familia.
En caso de que el trabajador no pueda volver a prestar tareas luego de vencidos los plazos establecidos en la LCT, el empleador debe conservarle el puesto de trabajo por un año. Durante este lapso, se suspenderá el contrato laboral, pero se conservará la relación de dependencia, aunque sin goce de sueldos.
Vigente el plazo de conservación del empleo, si del accidente o enfermedad resultase una disminución definitiva en la capacidad laboral del trabajador, y éste no estuviere en condiciones de realizar las tareas que anteriormente desempeñaba, el empleador deberá asignarle otras que pueda ejecutar, sin disminución en su remuneración.
Si el empleador no pudiera dar cumplimiento a esta obligación por causa que no le fuera imputable, deberá abonar al trabajador, una indemnización igual a la prevista en el Art. N° 247 de la LCT.
Si estando en condiciones de hacerlo, no le asignare tareas compatibles con la aptitud física o psíquica del trabajador, estará obligado a abonarle una indemnización igual a la establecida en el Art. N° 245 de la LCT.
Cuando de la enfermedad o accidente se derivara una incapacidad absoluta para el trabajador, el empleador deberá abonarle una indemnización de monto igual a la expresada en el Art. N° 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Si el trabajador fuera despedido durante la licencia paga, tendrá derecho a que el empleador le abone las indemnizaciones por despido injustificado, más los salarios correspondientes al tiempo en que ella venza, o hasta la fecha del alta, según lo demostrare el dependiente.
Es decir, que durante el período de licencia, el despido no está prohibido, pero sí, el empleador es sancionado a pagar indemnizaciones muy onerosas en caso de provocarlo.