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El Estatuto del Consumidor como norma de orden público

febrero 15, 2010

El “Estatuto del Consumidor”, está integrado por un conjunto de normas protectorias, que conforman el sistema legal de tutela de los consumidores y usuarios en nuestro país.
Dentro de él, encontramos leyes de los distintos niveles de gobierno: Nacionales, como la Ley de Defensa del Consumidor (Ley N° 24.240); Provinciales, tales como el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios (Ley N° 13.133); y normativa municipal, como las ordenanzas del HCD en ésta materia.
Es importante destacar el Art. 3° de la Ley N° 24.240 (modif. Ley N° 26.361), que es el sustento del estatuto, el cual indica que “las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular, la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia y la Ley Nº 22.802 de Lealtad Comercial o las que en el futuro las reemplacen”.
El derecho del consumidor, al igual que el laboral, es de naturaleza tuitiva, protectoria, y por cuestiones de política legislativa, se lo ha dotado de una jerarquía tal, que impide que sus cánones puedan ser dejados de lado por la autonomía de la voluntad de los particulares; como si ocurre en principio, en materia de contratos civiles.
El Código Civil, en su Art. N° 21, señala que “las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público y las buenas costumbres”.
Si bien la doctrina considera al “Orden Público” como un concepto muy difícil de precisar, básicamente podemos definirlo como “el conjunto de principios de orden superior, ya sean económicos, morales, políticos, etc., que están estrechamente vinculados con la existencia y conservación de la sociedad, y que de ningún modo pueden ser dejados de lado por la voluntad de los particulares”.
EL Art. N° 65 de la LDC reza textualmente: “La presente ley es de orden público, rige en todo el territorio nacional…”. Éste artículo, es la base del orden público de la Ley de Defensa del Consumidor.
Fundamentalmente, el fin del orden público, es poner un límite a los negocios jurídicos que nieguen derechos reconocidos o sean contrarios a las normas protectorias.
El orden público actúa de dos maneras divergentes. Por un lado, como un medio de protección respecto del consumidor, la parte más vulnerable en la relación de consumo; y por otro lado, como medio de coordinación, al intervenir el Estado a fin de resguardar los derechos del consumidor ante eventuales conductas ilegales de los proveedores de bienes o servicios.
En definitiva, el “Estatuto del Consumidor”, está conformado por un conjunto normativo positivo de orden público, absolutamente obligatorio, cuya esencia es la protección de los consumidores y usuarios en la relación de consumo.

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